Reprueba la Secretaria de Cultura en su gasto de recursos publicos
La Auditoria Superior de la Federacion (ASF) informo hoy que la Secretaria de Cultura, durante el 2019 contrato tres outsourcing por 190 millones que no fueron debidamente acreditados, de los cuales 72 millones se desconoce su destino final; ademas pago irregularmente 727 millones 867 mil pesos del ejercicio fiscal 2018 sin tener autorizacion para ello; tambien pago 84 millones por plazas no autorizadas, ni comprobo el pago de servicios de 675 millones y para el Programa de Reconstruccion no entrego a tiempo los recursos a los estados beneficiarios, por lo que no se pudieron ejercer 194 millones. En suma, la dependencia suma 1 mil 707 millones 149 mil pesos pendientes de aclaracion.
Ante ello, la ASF advirtio que “la recurrencia en el uso indebido de los recursos publicos” destinados a programas sociales, asi como la “inobservancia a la normativa aplicable, y la falta de transparencia en el pago y acreditacion de los bienes y servicios”, contratados por la dependencia, “propicia la impunidad; y se, truncan y arruinan las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor”.
En su Informe Individual del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica 2019, correspondiente al gasto publico de 2019, determino 24 resultados, de los cuales, en dos no se detectaron irregularidades y los 22 restantes generaron: siete Recomendaciones, 20 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 27 Pliegos de Observaciones.
Entre las que se detectaron irregularidades, destaca que la SC, suscribio contrato de manera conjunta con Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa, S.A. de C.V., Vision y Estrategia de Negocios, S.A. de C.V., Firmeza Juridica, S.C., y Gestion Empresarial, S.A. de C.V., los servicios de administracion de personal.
Sin embargo no acredito los servicios que en su caso, le prestaron esas outsourcing, a quienes les pago 190 millones 219 mil pesos de pesos, ya que unicamente remitio como comprobacion 26 “informes de actividades”, firmados por la directora de Capacitacion Cultural de la SC, quien no contaba con facultades para tal efecto. Ademas, dichos informes carecen de fechas de emision, nombre del emisor, del supervisor, del validador, firmas de los participantes y cargos.
Por otra parte, el proveedor proporciono una nomina con 16 mil 499 registros de personas contratadas y pagadas en el periodo que abarcan 16 quincenas del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2019, asi como una nomina extraordinaria por concepto de aguinaldo, que suma un total de 117 millones 960 mil pesos, misma nomina por la cual cobro a la Secretaria de Cultura, por lo que concierne al ejercicio fiscal 2019 un monto de 190 mil 219 mil pesos; es decir, no se conocio el destino final de 72 millones 529 pesos.
Si bien la ASF no especifica que estos contratos se refieren a Cultura Comunitaria, este medio documento en agosto de 2019 que, con el arranque de ese programa estrella, la Secretaria de Cultura contrato al outsourcing Lore Soluciones Integrales por 178 millones. Ademas, no es la primera vez que una institucion detecta irregularidades en Cultura Comunitaria, en julio pasado, el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval) informo que dicho programa presentaba “cuellos de botella en la administracion de recursos”.
Otra de las irregularidades es que la Secretaria de Cultura (SC) pago 727 millones 867 mil pesos, con recursos publicos federales aprobados para el ejercicio fiscal 2019, erogaciones de egresos de ejercicios anteriores, es decir, del anterior sexenio, sin contar con la autorizacion correspondiente; ademas, de no proporcionar la documentacion justificativa y comprobatoria que acreditara la recepcion de los bienes y servicios, que originaron dichos pagos.
Ademas, pago 84 millones 136 mil pesos, por diversos conceptos del rubro servicios personales y nominas, por plazas no autorizadas; asi como por plazas de caracter eventual no autorizadas; ademas de haber pagado cantidades mayores a las autorizadas por concepto de remuneraciones a servidores publicos del sector central.
Asimismo, pago 675 millones 148 mil pesos a 16 persona morales publicas y privadas por la prestacion de distintos servicios y la adquisicion de bienes (arrendamiento de autos, maquinaria y equipo de oficina, limpieza, vigilancia, jardineria, administracion de personal, boletaje aereo y terrestre, mudanzas, organizacion, mobiliaria y logistica para eventos culturales y la evaluacion de servidores publicos); sin embargo, no presento la documentacion justificativa y comprobatoria, que acreditara la prestacion de dichos servicios, ni la recepcion de los bienes correspondientes.
Con relacion al arrendamiento de bienes inmuebles que ocupo la SC, en el ejercicio 2019, se observo que pago 1 mil 396 millones de pesos adicionales sobre el importe mensual maximo establecido en el dictamen valuatorio emitido por el INDAABIN, asi como por haber rebasado el monto establecido en el acuerdo por el que se fija el importe maximo de rentas por zonas y tipos de inmuebles.
Tambien transfirio recursos publicos federales del Programa Nacional de Reconstruccion (PNR) 2019, a diversos Estados beneficiarios el 30 y 31 de diciembre de 2019 por 194 millones 572 mil pesos; ocasionando, que estos no tuvieran la posibilidad material de ejecutar los proyectos apoyados con dichos recursos durante el ejercicio fiscal 2019, dando lugar a incumplimientos en cuanto a la ejecucion de los proyectos autorizados (obra y plazos); ademas, por la falta de supervision y control por parte de la SC, algunos beneficiarios utilizaron los recursos para fines distintos a los establecidos en la normativa aplicable.
Y transfirio recursos publicos federales por concepto de donativos, a distintas personas morales publicas por 20 millones 245 mil pesos; sin embargo, no acredito documentalmente que las donatarias cumplieron con los objetivos previstos para los cuales los recursos publicos federales fueron donados; asi como tampoco, presento la documentacion justificativa y comprobatoria que acredite el destino de estos.
Ante estas irregularidades, la ASF advirtio que “la corrupcion altera la ejecucion del gasto publico, orientandolo hacia actividades proclives a utilizacion de los recursos publicos federales para fines distintos a los aprobados”, cuestiono “el uso indebido de atribuciones” y detecto “conductas reincidentes”.
fjb
